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martes, julio 15
22:46

Concentración ilegal: Igualdad, equality, berdintasuna



Un estudio de Oxfam Intermon constata que los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna de 77.000 millones de euros, más de lo que tienen el 20 % de las personas más pobres.
El IRPF y los impuestos indirectos suman el 86,3% de la recaudación fiscal, mientras que las rentas del capital no llegan a aportar el 10%.
2.306.000 niños (un 27% de la infancia) viven bajo el umbral de la pobreza. En España el esfuerzo en ayudar a las familias con hijos es el más bajo de toda la Unión Europea y sólo representa el 0,5% del PIB frente al 1,4% de la media europea. 

"Llevamos tiempo tratando de que se habilite un sistema de garantías mínimas, hay 500.000 hogares sin ingresos. Acabar con esa situación cuesta 2.600 millones de euros”
El rescate con dinero público de los tramos no rentables de las autopistas de peaje se llevará a cabo mediante la creación de una nueva empresa pública que asumirá 3.000 de los 5.000 millones de deuda pendiente de amortizar.

En España los parlamentarios solo pueden ser detenidos en “flagrante delito” y para procesarlos debe autorizarlo la cámara respectiva.
Tras su abdicación, el rey Juan Carlos ha dejado de gozar de la inviolabilidad que confiere al monarca la Constitución en el artículo 56. El Gobierno ha decidido aforarle a través de dos enmiendas en el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma que modifica la Ley del Poder Judicial.
Se han contabilizado cerca de un centenar de procesos administrativos y judiciales abiertos contra ciudadan+s por participar en protestas y/o huelgas

Tomás Gómez Arrabal, alcalde del PP en Valle de Abdalajís (Málaga), había sido condenado a más de diez años de cárcel por un total de 12 delitos de prevaricación urbanística y fue indultado tres años después de la sentencia por el gobierno que dirigía su propio partido, el PP. La pena quedó en dos años y evitó la cárcel. Sus tres concejales condenados también se acogieron a la medida de gracia.
Dos años después, Carlos Cano y Carmen Bajo, un estudiante de medicina y una mujer en paro, han sido condenados a tres años de prisión por su actuación en un piquete durante la huelga general de 2012.






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